Con fecha 8 de junio de 2017, el Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado el recurso de inconstitucionalidad nº 3856-2012 y, en consecuencia, declara inconstitucional y nula la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, con los efectos señalados en el Fundamento jurídico 6 de la Sentencia.